Publicado en Animal Político.

Las elecciones del domingo 1° de julio serán las más grandes en la historia reciente de México. Se elegirán 3 mil 406 cargos de elección popular federal y local, incluyendo la Presidencia y 9 gubernaturas en estados donde en conjunto habita 40 % de la población del país. Se reestructurará también la composición del Congreso de la Unión. Debido a la dimensión de estas elecciones, se espera que tengan un impacto significativo tanto en la política social como económica de México. De ahí la importancia de tener en mente las propuestas de los candidatos y pensar cuidadosamente el voto.

A la hora de evaluar las propuestas económicas hechas en campaña por todos los candidatos, se vuelve evidente la falta de sustancia en muchos temas relevantes de política económica, mientras que la mayoría de las políticas de desarrollo social  podrían tener un fuerte impacto en las finanzas públicas del país.

En primer lugar, ninguno de los candidatos ha respondido de manera contundente cuáles políticas implementarían para que México crezca, para elevar la productividad e incrementar la inversión. Llama la atención que, aunque los candidatos concuerden en el diagnóstico y la propuesta general de aumentar el gasto de inversión en infraestructura, no ha habido claridad en el tema. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, considera que al combatir la corrupción se liberarán recursos que podrán utilizarse para conectar al sureste con el resto del país y para otros planes de política económica. Sin embargo, el mismo candidato ha declarado numerosas ambigüedades sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México y ha mantenido una postura firme en contra de la Reforma Educativa, indispensable para incrementar la productividad y el capital humano del país.

Por otro lado, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, ha insistido que durante su gobierno la inversión total alcanzará a representar 25 % del PIB. La idea es que aumentos en la inversión pública atraerán la inversión privada, por lo que esto, en conjunto con transparencia en la inversión pública y la creación de un ombudsman de la inversión, generaría crecimiento económico. Sin embargo, poco se comenta sobre el origen de los recursos para incrementar la inversión pública.

José Antonio Meade, de la coalición Todos Por México, publicó en su libro un diagnóstico sobre la situación del país. Se debe transitar hacia mayores niveles de competitividad, facilitar hacer negocios en México, y fortalecer la productividad nacional. En cuanto a las líneas de acción concretas, se habla sobre consolidar las zonas económicas especiales e impulsar vocaciones productivas locales. En pocas palabras, al igual que los otros dos candidatos, habla muy poco sobre los “cómos”.

Es preocupante que se haya minimizado el tema de crecimiento e inversión durante las campañas. Se perdió de vista que la mejor forma de transitar a ser un país desarrollado, con empleos de calidad y baja pobreza es a través de la generación de riqueza y un crecimiento económico a tasas altas y sostenidas. Aunque en temas de política social hay ligeramente mayores explicaciones, no necesariamente presagian mejores resultados para la inclusión y el desarrollo.

Dos de los principales candidatos a la Presidencia se han manifestado en contra de los aumentos al precio de la gasolina, pero hay factores externos que se deben considerar cuando se habla del tema. En primer lugar, el gobierno recauda más de 200 mil millones de pesos anuales con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diesel. Únicamente en 2016, estos ingresos representaron 10 % de los ingresos tributarios del Gobierno Federal. ¿Estaría dispuesto el próximo gobierno a renunciar a ese monto de recaudación? En caso que la próxima administración decidiera subsidiar los energéticos, vale la pena recordar que entre 2010 y 2014, esta política costó más de medio billón de pesos. Adicionalmente, los precios dependen del precio internacional del petróleo. México importa más del 70 % de la gasolina que consume; con un tipo de cambio que en el último año y medio ha oscilado entre $17.49 y $21.91 pesos por dólar, promesas sobre mantener el precio de las gasolinas es irresponsable. Incluso la idea de construir refinerías para ser autosuficientes en temas energéticos es insensata debido al alto riesgo que esta inversión implica, el largo periodo que requeriría la construcción, y la transición que se está dando hacia energías limpias.

Uno de los candidatos se ha enfocado también en promover la autosuficiencia alimentaria. Por definición, esto implicaría que todos los alimentos que se consuman en México fueran producidos en el país, ignorando el hecho de que el comercio exterior permite tener precios más accesibles y mayor variedad de productos.

Otra de las principales propuestas durante las campañas fue la del Ingreso Básico Universal (IBU). La coalición que lo propuso inició con la idea de otorgar $1,500 pesos al mes a cada persona por el simple hecho de ser mexicanos. De llevarse a cabo, implicaría un costo en las finanzas públicas de alrededor de 2.2 billones de pesos al año. Si la transferencia fuera recibida únicamente por la población que vive en pobreza extrema, otorgarlo a los 9.4 millones de mexicanos en esta condición le costaría a las finanzas públicas más de 169 mil millones de pesos anuales. Esto equivale a casi cinco veces el gasto ejercido en subsidios de Prospera. Sin obviar los altos costos fiscales, el IBU permitiría incrementar el acceso a servicios bancarios en regiones rezagadas. La inclusión financiera es uno de los temas urgentes, y sobre el cual las propuestas concretas se quedaron cortas.

Otro de los candidatos hizo del programa “Avanzar Contigo” el emblema de su campaña en términos sociales. Aunque la idea es interesante, pues busca focalizar los esfuerzos de desarrollo social para mejorar la eficiencia del gasto público, se le ha dado poca importancia a la complejidad para su ejecución. Planear y realizar un censo que recopile información sobre las necesidades principales de cada persona podría llevar hasta dos años, tiempo aproximado que requiere el INEGI para planear y ejecutar sus propios censos.

Si bien la manera en que han sido presentadas las propuestas económicas y sociales de los candidatos ha sido poco realista, se debe considerar que estamos en periodo de campaña, por lo que aún está por verse cuáles de ellas se cumplirán. Sin embargo, las propuestas otorgan información valiosa sobre la visión económica de los candidatos y sus prioridades, que al final del día es lo que se debe tomar en cuenta en este periodo de reflexión.