Publicado en Animal Político.

En México, seis de cada diez personas laboran en el sector informal; esto representa un lastre para el desarrollo social y económico del país. En términos sociales, las 31.3 millones de personas que laboran en este sector obtienen bajos salarios, poca estabilidad laboral, carencia de protección legal y falta de seguridad social (Perry et al. 2007).¹  En términos económicos, la informalidad laboral genera una asignación ineficiente de capital humano que impide el crecimiento de la productividad (Levy 2018). En los últimos cuatro años, el #SemáforoEconómico de la productividad laboral en México se ha mantenido en rojo.² Asimismo, esta situación disminuye la recaudación fiscal restringiendo la capacidad del gobierno para proteger y reactivar la economía nacional. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el último lugar en recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto entre los países de esta organización.³

Los efectos negativos de la informalidad laboral han orillado al gobierno a crear políticas públicas que desincentiven la participación en este sector.⁴ Sin embargo, estas políticas han sido ineficaces porque no consideran que la incidencia en la informalidad varía entre los diferentes grupos poblaciones. En particular, este problema afecta en mayor medida a la población joven y las mujeres.

En el caso de las y los jóvenes, el panorama laboral en México es desalentador. Este sector enfrenta barreras importantes tanto al momento de insertarse a la fuerza laboral –la tasa de desocupación para los jóvenes (6%) es prácticamente el doble de la nacional (3.4%)– como en el tipo de empleo en el que se desempeñan.⁵ La población joven, una vez que logran insertarse en el mercado laboral, obtienen por lo general empleos en condiciones precarias y de baja productividad: 95.31% de las personas entre 15 a 18 años se desempaña en el sector informal, mientras que para la población de 18 a 25 años el porcentaje es 60.16%.⁶ Lo anterior se traduce en un clima de incertidumbre, desaliento y frustración en los inicios de la carrera laboral de las personas. Asimismo, tanto el desempleo como la informalidad juvenil pueden generar “cicatrices” en la trayectoria de las personas haciéndolas más propensas a reincidir en el desempleo y en tener empleos mal remunerados (Arceo et al. 2011).

En el caso de las mujeres, la situación laboral sigue siendo crítica: solamente 45% de ellas tiene un empleo remunerado y de aquellas que trabajan 57% lo hace en la informalidad.⁷ La disparidad laboral entre hombres y mujeres ha sido ampliamente abordada en la literatura; de acuerdo con ella, la estructura del hogar –tener hijos, infantes o adultos mayores en el hogar– y las labores domésticas son un determinante en las decisiones laborales de las mujeres.

La baja participación laboral y el empleo en sectores de baja productividad en la población joven y en las mujeres resulta aún más alarmante si consideramos que México está experimentando –y desaprovechando– el fenómeno conocido como bono demográfico. El bono demográfico es un período en la que la población en edad de trabajar supera a las personas dependientes como niños y adultos mayores. Esta situación representa una ventana de oportunidad para potencializar el crecimiento económico del país. Sin embargo, para que esto suceda se requiere de políticas públicas que permitan integrar y aprovechar la creciente mano de obra.

La implementación de este tipo de políticas debe ser inmediata, sobre todo debido al contexto de emergencia sanitaria y crisis económica que se esta viviendo en el mundo.  La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas implementadas para evitar su propagación han afectado al mercado laboral. Las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportan una pérdida de 518,619 empleos formales, lo que ha ocasionado que el #SemáforoEconómico de la creación de empleos formales se encuentre en rojo desde el mes de marzo del 2020.⁸ Asimismo, el cierre de centros educativos, estancias infantiles y para adultos mayores, y el aumento de personas contagiadas ha ocasionado que aumente la carga de trabajo doméstico y de cuidados que tienen las mujeres.

En este contexto, es necesario que el gobierno actúe con políticas integrales que protejan y aumenten la demanda de mano de obra, particularmente en los sectores más vulnerables, de tal forma que permita aprovechar los efectos del bono demográfico y con ello mitigar los de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

La OCDE (2017) propone tomar acciones en dos rubros. En primer lugar, se requiere una fuerte inversión en un sistema educativo integral que prepare a la juventud para satisfacer las demandas del mercado laboral en tres rubros: habilidades cognitivas, técnicas y socioemocionales. En segundo lugar, es necesario crear políticas que permitan activar las habilidades adquiridas en el mercado laboral. Para ello, se requiere realojar los empleos de baja productividad al sector formal. Para que esto suceda es necesario disminuir los costos asociados a la formalidad –impuestos, tiempo en trámites burocráticos, entre otros– y crear un marco de protección para las y los trabajadores –seguro de desempleo, indemnizaciones por despido– que reduzca la probabilidad de aceptar trabajos mal remunerados y de baja calidad.

Por último, para que las políticas laborales sean eficaces es necesario que incorporen la perspectiva de género. En este sentido, las políticas deben buscar disminuir la carga de trabajo asociada al trabajo doméstico, así como al trabajo de cuidados que recae en las mujeres e impide su desarrollo educativo y profesional. Por ejemplo, se debe buscar incrementar el tiempo que otorgan las licencias de paternidad y maternidad, proveer estancias infantiles y para adultos mayores, al igual que promover esquemas de trabajo flexible.