Opinión
Lo más importante es evitar que, en lo que resta del sexenio, se nombren al Fiscal General o al Fiscal Anticorrupción que no cumplan con el perfil de independencia, solvencia moral y reconocida reputación profesional que ambos cargos requieren. En segunda instancia habría que escudriñar a los candidatos presidenciales en dos dimensiones: en sus historias personales y profesionales, para asegurar que no hayan incurrido en faltas o delitos que comprometan su autoridad moral y su capacidad para gobernar, ya que es difícil pensar que sin ello pudieran hacer nombramientos adecuados (esto también aplica a otros candidatos a cargos de elección, como diputados y senadores, siendo que estos últimos son parte del proceso de selección del Fiscal General); y en sus propuestas en materia de procuración de justicia, tratando de que definan tanto como sea posible los perfiles de quienes tienen en mente para ocupar los cargos de fiscales (más allá de los requisitos que marca la Constitución y ). Una idea concreta para las asociaciones profesionales, principalmente para las de abogados, es que hicieran un ejercicio similar al que realiza la American Bar Association en Estados Unidos, cuyos miembros clasifican (utilizando las categorías de Bien cualificado, Cualificado o No cualificado) a las personas que el titular del ejecutivo de ese país nomina para ocupar cargos en el poder judicial, los cuales son sujetos a confirmación por parte del senado. En ausencia de barras o colegios de abogados en México dispuestos a hacer este ejercicio, las OSCs o think tanks podrían formar paneles de abogados reconocidos que desempeñaran esta función.