El principal reto será una recuperación incierta y desigual. Incierta pues las nuevas variantes de la COVID-19 traen nuevas olas, como la que estamos presenciando en agosto; y desigual porque la recuperación no ha sido igual en todo el territorio ni para todos los sectores. Preocupa especialmente el impacto social que ha tenido la pandemia, especialmente notorio en el aumento de la pobreza en Quintana Roo y BCS, muy dependientes del turismo internacional y con pocas derramas de los centros turísticos al resto de la población fuera de las inciertas fuentes de empleo.

Las políticas que debería priorizar esta administración, especialmente ante la falta de margen de maniobra en los recursos públicos, son programas de emergencia para los territorios y los sectores económicos y sociales más golpeados por las crisis derivadas de la pandemia, como el turismo y los cuidados.

La pandemia es un reto para las políticas públicas y éstas tendrán que tener un carácter extraordinario ante una situación extraordinaria.
Una de las variables más importantes, el empleo, si bien se ha estado recuperado de manera importante, si se compara el primer trimestre de 2021, previo al primer cierre de las actividades económicas de abril, contra el primer trimestre de 2021, aún hay un saldo negativo de -2, 238, 287 empleos. De esta cantidad de empleos faltantes el 70% corresponde al empleo informal y solo 30% al empleo formal.
Ante esta situación el Gobierno debe liderar una política intensa de creación de empleo a través de un aumento de la inversión pública, puesto que la inversión bruta fija que refleja tanto la inversión pública como privada, registra niveles de seis años atrás en su índice.
Un sector clave es la construcción donde en un año, se han perdido el 13.1% de los empleos formales, para ello es necesario rediseñar un plan integral de infraestructuras, en prácticamente todas las entidades del país, para reactivar la economía. Para financiarlo se deben de reorientar recursos públicos, además de aumentar la recaudación tributaria. La segunda fuente de financiamiento tendrá que ser a través de deuda, ya sea interna y externa. Y la tercera el impulso a las asociaciones público-privadas.
En paralelo es importante una reforma fiscal que permita elevar la recaudación respecto al PIB, no es suficiente con una adecuación o miscelánea como se pretende hacer, México tiene crónicamente una baja recaudación y uno de los menores niveles de recaudación/PIB de América Latina. Es momento de sentar las bases de un sistema más amplio y diversificado, y de revisar los avances que han hecho los estados del país en temas de recaudación.

Estas son las medidas urgentes y de corto plazo, en paralelo debe de acompañarse con medidas que aceleren la competitividad y el crecimiento.

Acelerar la vacunación, incluyendo a los adolescentes y, sobre todo, dejar de mermar el Estado de derecho.

Esta recuperación yo la considero más un rebote en el que la pelota no llegará a la altura desde donde se soltó. Una de las razones más importantes tiene que ver con la destrucción de capacidades productivas que trajo el confinamiento, agravadas por la falta de apoyo del gobierno a las empresas medianas y pequeñas, lo que ocasionó muchos cierres y quienes pudieron volver a abrir lo hicieron con menos trabajadores y muy probablemente con sueldos más bajos.
Las políticas públicas que debiera priorizar el gobierno tienen que ver con el fomento a la inversión, pero no solo de los grandes capitales, sino sobretodo de los pequeños inversionistas que tienen un gran impacto en la generación de empleos. De no recuperarse dicha inversión esas personas, antes empresarios, saldrán al mercado a buscar empleo, contribuyendo a la pauperización del mismo.
Seguimos pagando así la equivocada decisión de no apoyar a las empresas pequeñas y medianas durante el confinamiento, en el mercado informal la destrucción de capital ha sido enorme.

Una de las prioridades para reducir las afectaciones de largo plazo del COVID a la sociedad (y a la economía como parte de esta) es la reanudación de cierta presencialidad en el sistema educativo, en condiciones tales que se minimice el riesgo de contagio tanto para docentes como para estudiantes y familias. Ello requiere una serie de inversiones en la reparación y reconversión de las escuelas para que puedan reanudarse clases en condiciones de seguridad. Esto último puede servir como un impulso a la inversión pública y a la demanda agregada que permita acelerar el paso de la recuperación.

Los retos que enfrenta nuestro país son grandes porque el gobierno federal no ha asumido la responsabilidad que conlleva la tercera ola de la pandemia. En particular, el INEGI confirmó que las muertes por COVID en 2020 fueron 35% mayores a las declaradas por un gobierno que, al día de hoy, desestimó los semáforos y dejó toda la responsabilidad de la movilidad de las personas a gobiernos estatales.

Por un lado, se requiere una estrategia con visión de salud pública que no deje a la suerte a miles de personas que siguen los canales oficiales de (des)información, y que además promueva la vacunación entre la población. Esto no se ha dado y no hay razón para creer lo contrario. Por otro lado, la SHCP debe mirar lo hecho por el vecino del norte, donde los estímulos fiscales ayudaron a que el golpe de la pandemia fuera menor y la recuperación económica fuera acelerada. No obstante, a pesar de que existe un nuevo liderazgo en la secretaría, no hay razón tampoco para creer que la política fiscal se modificará drásticamente. Este podría ser el único año con crecimiento económico positivo de la presente administración en todo el sexenio. Que no se olvide que esto ha sido el producto de la debacle del año pasado y de los efectos que en nuestra economía ha tenido la recuperación económica de nuestro principal socio comercial.

La economía mostró un avance relevante en el segundo trimestre del año, sin embargo, lo hizo por debajo de las expectativas que apuntaban a una recuperación más cercana al 2% en el trimestre. Los datos son consistentes con el rezago mostrado por los dos principales motores de crecimiento. Por una parte, las exportaciones han perdido dinamismo según las cifras oportunas del INEGI, pero también ciertos indicadores del mercado interno muestran signos de debilidad, como la inversión fija bruta. Hacia adelante será clave la atención al sector servicios, dada la pérdida de la capacidad productiva que enfrenta y la falta de medidas fiscales para preservar los negocios y puestos de trabajo que han subsistido durante toda la pandemia pero que cada vez enfrentan mayores problemas de liquidez para mantener su operación. La reapertura del sector de servicios educativos, aunada a los diferentes sectores productivos ligados a éste, será crítica para la recuperación de la economía mexicana en la medida en que sea sostenible por un periodo prolongado, sobre todo sin causar mayores estragos por la incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia.

¿Qué retos enfrentará México con las nuevas variantes del Covid-19?

Posibles nuevas rupturas en las cadenas de suministro cuando todavía no se restablecen del todo las actuales.
Más muertes, ahora en un grupo poblacional distinto y que quizá tenga mayor impacto en actividades económicas.
La necesidad de nuevos confinamientos ante una mayor reticencia de la población con motivo del desgaste a lo largo de meses.
Regreso a clases seguro.
Vacunación de refuerzo.
Revisión de la efectividad de las vacunas (aquellas utilizadas en México preponderantemente) ante nuevas variantes y, en su caso, nuevas estrategias de vacunación (ejemplo: doble dosis Cansino).


¿Qué políticas deben priorizar el gobierno y la SHCP para salir de las crisis causadas por la pandemia y lograr una recuperación económica incluyente?

Reforzar acciones para promover la conectividad en el país, pues la pandemia ha subrayado las brechas existentes y la importancia de este elemento para mantener actividades importantes desde el punto de vista social y económico tales como educación, trabajo a distancia, trámites o comercio electrónico.
Esto pasa por revisar los costos del espectro así como promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a través, por ejemplo, de incentivos fiscales.
Acreditación de contraprestaciones por el uso del espectro con inversión y cobertura social.

Resolver el problema en el sistema de salud público para evitar agravar la situación ante posibles presiones por nuevas olas de contagios y el aumento en enfermedades crónicas.