Más que nada, poner atención al problema de pobreza energética al que se le pone una atención nula. Este afecta principalmente a mujeres, que inhalan gases tóxicos de leña y a niñ@s.

El Gobierno mexicano debe, como le corresponde, ofrecer los permisos de generación eléctrica a operadores privados que cumplen con los requisitos para enriquecer la matriz energética. México debe apostarle a las energías renovables y facilitar su integración a la red eléctrica. Finalmente, el Gobierno debe incentivar la instalación de paneles solares en hogares y negocios de pequeña y gran escala, sobre todo en los estados con mejor potencial para este tipo de energía.

a) Fomentar la competencia en generación

b) Reforzar las redes de transmisión y distribución

c) Aumentar la penetración de energía renovable, para sustituir la generada con carbón, diesel y combustóleo. Gas natural es necesario, pero no con plantas de ciclo combinado, sino turbo gas de última generación, las cuales tienen una mejor respuesta a la “curva de pato”

d) Mejorar la regulación, a efectos de:
a. Aumentar el límite puesto a la generación distribuida
b. Crear la figura de comunidades energéticas (concepto desarrollado en Europa)
c. Adaptar el Fondo del Servicio Eléctrico Universal, a efectos de que pueda otorgar financiamiento a tasa social a la figura de comunidad energética
d. Revisar todos los cargos y tarifas aplicables al MEM, a efectos de que la CFE recupere de mejor manera la serie de servicios que presta al mismo
e. Permitir la migración de diferentes permisos legados al esquema de competencia

Es importante que las nuevas concesiones de generación para que empresas privadas oferten energía, sea verdaderamente proveniente de energías limpias: solar, eólica, hidráulica o geotérmica. Sobre todo, si se piensa un mercado sostenible, habrá que tener especial cuidado en limitar la concesión a empresas privadas que generan energía basada en turbinas alimentadas por combustibles fósiles. En los años previos a la reforma energética del Presidente Peña se les concedió licencia a muchas empresas de éste tipo, puesto que la CFE está obligada a comprar su producción, francamente son competencia desleal para las generadoras de energías sustentables.
Puesto que las inversiones en energías limpias son más cuantiosas y tienen un componente de mayor incertidumbre, debido a que sus procesos todavía no pueden competir en rendimiento con los alimentados por generadores de combustibles fósiles, la regulación deber favorecerlas, y en ese sentido se estaría generando un merado más inclusivo. Si de verdad se quiere un mercado competitivo, éste debe de estar regulado, y tiene que fomentar la generación privada de energías limpias y limitar la generación privada con base en combustibles fósiles. Hasta ahora no hay ninguna empresa privada que haya solicitado la concesión para generar energía por medios hidráulicos, esto es la instalación de hidroeléctricas, las cuales son verdaderamente limpias, es importante que las eólicas si bien se considera energía limpia es intermitente cuando no hay suficiente viento, y se tiene que apoyar en motores de arranque alimentados por combustibles fósiles.
Del total de energía producida en el país, solo el 7% es energía renovable generada por empresas privadas concesionadas. Es por ello que la regulación debe aumentar significativamente su participación.

Son varias acciones, pero destaco cuatro. Desde la rectoría del Estado debe existir una planeación de largo plazo que despliegue inversiones en infraestructura de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico Nacional. Para no crear impactos en finanzas públicas se debe retomar las licitaciones de infraestructura contempladas en el artículo 27 constitucional, mismas que fueron canceladas en 2018 por la actual administración y que buscaban detonar interconexión en zonas aisladas. La segunda es permitir el ejercicio autónomo de las facultades regulatorias contempladas en la Constitución y en ley de la Comisión Reguladora de Energía. La tercera es retomar las subastas de largo plazo en la generación eléctrica para fomentar inversión en generación eléctrica limpia. Y, por último, se podrían redirigir los recursos utilizados en subsidios a la tarifa eléctrica regresivos en un programa amplio de generación distribuida en comunidades focalizadas.

Es fundamental que el marco legal vigente se implemente de forma adecuada, particularmente con la legislación secundaria correspondiente a la evaluación y monitoreo de impacto social, como las consultas públicas y abiertas. Pues solo su ejecución permitirá identificar las mejoras y adecuaciones que requiere la legislación. Además, es fundamental que los proyectos del sector se adecúen a las necesidades de las comunidades que conviven cotidianamente con ellos y sean partícipes de sus rendimientos, de otra forma su ejecución, adecuación y mejora no será completa. Estos mecanismos permitirán también que las alternativas de financiamiento, que hoy existen bajo el enfoque ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), tengan un mecanismo de asignación más eficiente.

Mi recomendación es permitir que funcionen y se desarrollen las instituciones y los mecanismos creados a partir de la reforma constitucional de 2013, los cuales fomentaban la competencia en la generación y la comercialización de la electricidad y una transición adecuada hacia fuentes de energía limpias. Ello implicaría garantizar el respeto de los derechos de propiedad de los participantes, dejar de obstaculizar, con medidas administrativas, la apertura y la competencia en el sector, y derogar los cambios a la LIE aprobados en marzo de 2021, entre otros.