Primeramente, urge colocar al crecimiento de la actividad productiva y del empleo en el centro de la agenda económica del gobierno, de manera que está vaya más allá de su preocupación por mantener baja la inflación y un bajo déficit fiscal (sin otra -necesaria- reforma fiscal). En términos más concretos ello implicaría una nueva política de impulso a la inversión pública, que interrumpa, por fin, la caída sistemática en términos reales que ha sufrido por cinco años consecutivos la formación bruta de capital fijo del sector público.

En segundo lugar se requiere poner en marcha un política de salario digno en el sector formal comenzando por la recuperación sostenida y sustentable del salario mínimo.

Entre 2010 y 2015, la recaudación ha aumentado 7.6% en promedio anual. El gasto público, incluyendo los recursos destinados a inversión, ha aumentado 8% en promedio anual. En esos mismos años, la deuda se ha incrementado en 12.9% en promedio anual.

1. Con base en estas cifras usted considera que el incremento de la deuda:

a) Es sostenible para las finanzas públicas

b) Es preocupante para las finanzas públicas

c) No impacta a las finanzas públicas

2. ¿Por qué?

1. b) Es preocupante para las finanzas públicas.

2. Comienza a ser preocupante pues en los últimos años ha subido más de diez puntos del PIB. Lo grave es que -como las cifras de INEGI reportan- el alza de deuda se ha asociado con una caída de la inversión pública real. ¿En qué gastan los recursos? Van 5 años seguidos en que la formación bruta de capital fijo del sector público se contrae a precios constantes. Ello alarma, pues implica que la infraestructura del país se deteriora, en vez de modernizarse y ampliarse. El creciente déficit, por decirlo, de infraestructura deprime la competitividad internacional y mina el bienestar general de nuestras poblaciones. Por ejemplo, vea el vasto porcentaje de escuelas primarias que carecen de los servicios esenciales de agua y saneamiento, ¡no se diga de acceso a banda ancha!