En contra - Es una privatización de espacios y vías publicas, en detrimento del ciudadano común, otorgándoles derechos sin un pago de impuestos de manera correcta.

En contra - La principal razón que tengo es abstracta: No creo que una Constitución deba definir a lo que puedan dedicarse los ciudadanos en la calle o las prestaciones sociales a las que tengan derecho, sino los principios rectores básicos de convivencia entre los citadinos.
Aterrizando en lo concreto debemos separar la pregunta que nos hacen en dos. Primero hay que pensar en los pros y los contras de "legalizar" la venta ambulante. Lo bueno de esta medida es que daría seguridad jurídica a los negocios de venta al por menor y eso quizás incentivaría a los micro empresarios de este rubro a invertir más y contratar más. El inconveniente surge de preguntarnos si queremos un mercado laboral que incentive el ambulantaje, para el que no se requiere muchos estudios y es una actividad de bajo valor agregado o queremos una economía formal, basada en los servicios de alto valor agregado y que impulse la productividad de la ciudad y del país. Si queremos una economía moderna y productiva debemos hacer "de tripas corazón" y desincentivar el ambulantaje todo lo posible.
Respecto a las prestaciones a la que los ambulantes puedan tener acceso, todo depende de cómo se diseñen. Los modelos teóricos muestran que la informalidad es bastante sensible ante cambios del sistema de pensiones y por ese motivo no creo que la protección social del ambulantaje deba elevarse al rango constitucional. Necesitamos saber más.

Indiferente - Habría que redefinir el espacio público de manera integral y no poner otro pegoste al sistema de seguridad social.

En contra - Independientemente de si es o no es deseable apoyar a los vendedores que operan en la vía pública, la nueva Constitución debe contener solamente:
-La declaratoria de valores compartidos
-Los mecanismos e instituciones que garantizan la gobernabilidad
-La declaratoria de derechos, y
-Los mecanismos para reformar a la propia Constitución.
Todas las leyes y normatividades muy puntuales deben ser parte de las leyes secundarias.

En contra - El Gobierno debería de trabajar para que NO existieran vendedores fijos y semi-fijos en espacios públicos. Dado la existencia de esta situación es mejor regularla con ciertas reglas (si se le pregunta a un alemán por qué no vende sus productos en espacios públicos, su respuesta será porque es un espacio público, si se le pregunta a un mexicano la misma pregunta, responderá porque es un espacio público). Respecto a la información de prestaciones, una manera de vencer la informalidad es mostrar los beneficios tangibles de la formalidad con el fin de que estos agentes paguen impuestos.

En contra - Es un enorme listado de derechos exigibles y no se establecen los mecanismos de financiamiento. La CDMX puede quebrar fiscalmente
En particular sobre la actividad económica en la vía pública, protegida y garantizada, es una aberración. Más aún, en el proyecto de Constitución no existe la propiedad privada ni alguna salvaguarda a la misma.

En contra - Es un incentivo perverso que castiga al sector formal y atenta en contra de los derechos de propiedad. Va más allá de lo que debe considerarse a nivel de una Constitución.

En contra - Lo que debemos promover es el empleo formal, que paga impuestos y a cambio tiene prestaciones, no el informal, que desgraciadamente es muy redituable para las autoridades deshonestas.
Darles cabida en la Constitución de la Ciudad es una aberración.

En contra - Es una medida populista que va en contra de la necesidad de la formalización de empleos y con ello de los niveles de vida de los trabajadores y sus familias. Las prestaciones cuestan mucho y otorgarlas a cambio de nada no tiene sentido. ¿Se vale estar fuera de la ley? ¿Por qué sólo ellos?

En contra - Legitima el uso comercial de los espacios públicos por grupos específicos de la población que gozarían de derechos diferentes a los del resto.

En contra - Lo que promovería es utilizar la vía pública como extensión de los locales. ¿Cómo se ordenaría la vía pública? ¿Quién tiene el derecho de propiedad de las banquetas?
Si a los vendedores se les provee de pensiones y guarderías ¿serán considerados trabajadores formales? ¿Contribuirán como todos los trabajadores formales con sus obligaciones?

En contra - Los derechos implican costos. La Constitución solamente hace explícitos los derechos, pero no los costos asociados a los mismos. Si los costos no se hacen explícitos, corremos el riesgo que la Ciudad falle en la provisión de un servicio esencial (seguridad pública, por ejemplo) por la tensión presupuestal que representan servicios no esenciales a los que quiere dárseles la categoría de derecho inalienable.

En el caso del agua, por ejemplo, aunque la provisión mínima del líquido sea un derecho humano, una provisión plena implica que se reconozca la naturaleza económica del bien, y que los precios deben al menos parecerse a los costos de provisión. Cuando la red es suficientemente grande, el costo en el margen debe ser bastante pequeño, excepto en lugares muy apartados.

El proyecto de constitución debería al menos mostrar una mínima responsabilidad fiscal y presupuestar, aunque sea de manera aproximada, el costo de provisión de estos derechos y las fuentes fiscales que pueden sustentarlos.

En contra - Es adecuado autorizar la operación de algunos vendedores en puestos fijos o semifijos en la vía pública, como ocurre en otras grandes ciudades. Sin embargo, las prestaciones de seguridad social deben ser de carácter universal y no contingentes a su actividad. Dar prestaciones a un grupo reducido de vendedores crearía incentivos a la proliferación de puestos de venta en espacios públicos. Concentrar estos recursos en extender la seguridad universal generalizada sería más justo, además de neutral en cuanto a promover cierto tipo de comercio.

En contra - Que se garanticen derechos sociales universales (como acceder a la seguridad social) me parece una aspiración legítima, de dignidad humana. No me convence que se haga desalentando la generación de empleo formal. Me temo que los vendedores fijos y semifijos recibirían esos beneficios sin pagar impuestos y sin contribuir a la seguridad social. Ello es inconveniente pues se haría menos atractivo buscar empleo formal en el margen, pese a ser (en promedio) más productivo y contribuir más al crecimiento de la economía.

A favor - Tendemos a pensar el problema de informalidad como un problema fiscal y no como uno de derechos laborales. Dados los niveles de ingreso de ocupadas/os en el sector informal, ¿Cuánto pierde México en impuestos al ingreso? ¿Cuánto recibe en impuestos al consumo de este sector? ¿Cuánto nos ahorramos en seguridad social? Creo que bastaría responder estas preguntas para colocar el tema en la sección "derechos"; y eso tendría que llevarnos a atender también a quienes trabajan informalmente (no pueden usar el marco legal para defenderse laboralmente) en el sector formal; en donde se encuentran uno de cada tres mexicanos laborando.