Opinión
- Responsabilizar públicamente a Donald Trump de la pérdida de competitividad de la región a partir de sus impulsos proteccionistas.
- Revertir el ánimo antimexicano en EUA con campañas de información bien diseñadas y enfocadas.
- Responder al proteccionismo estadounidense con mayor apertura al resto del mundo.
- Dar señales claras que México no tiene por qué renegociar el cuerpo del TLCAN. Si EUA decide salirse, nuestra respuesta puede ser adquirir más insumos en el resto del mundo.
- Mejorar la competitividad del gobierno para poder competir con las reducciones de impuestos estadounidenses mejorando a la vez el balance fiscal, la calidad de los servicios públicos y la focalización del gasto público.
- Revertir la tendencia en el déficit público para mejorar la calificación de riesgo soberano.
- Invitar a ciudadanos y empresas de otras regiones ricas del planeta a invertir en México, mediante garantías de protección a sus inversiones. La Constitución de México, a 100 años de su promulgación, podría incorporar el espíritu del Capítulo XI del TLCAN en lo referente a protección de inversiones.
- Acelerar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Brasil, con problemas macroeconómicos más grandes que México, vio revaluada su moneda en el último año. México necesita que el público inversionista confíe en las autoridades.
- Mejorar los mecanismos para que el ahorro doméstico se convierta en inversión productiva altamente rentable en México. La intermediación bancaria y bursátil deben mejorar como mecanismos de rentabilidad para familias y empresas mexicanas, y no ser solamente sistemas de pago.
- La autoridad debe permitir que los precios de todos los bienes y servicios respondan a los cambios en el precio del coctel energético de la economía mexicana. La única manera de que los incrementos salariales y de precios de gasolina no se conviertan en un nivel permanente de inflación es con disciplina monetaria y fiscal.
- Retomar con seriedad las acciones de control del crimen organizado, prácticamente suspendidas en la actual administración. Cero tolerancia a delitos como homicidio, extorsión, secuestro, o robo de combustibles, así como los relacionados a la corrupción.