Opinión
La pandemia del Covid-19 ha ocasionado un choque amplio y profundo sobre la actividad económica de nuestro país, creando distorsiones en diferentes mercados de bienes y servicios. Aunado a ello, una tímida respuesta fiscal para contener parte de sus efectos de parte de las autoridades fiscales, en contraste con lo que sí se hizo en otros países de América Latina, ha ralentizado el proceso de recuperación, ocasionando un estancamiento de la actividad económica y un incremento relevante en las lecturas de inflación. Para el gobierno federal, el principal reto está en cambiar el paradigma: en vez de insistir en políticas públicas que contribuyen a incrementar la incertidumbre, es deseable que ejecuten exitosamente alguna que opere en sentido opuesto. Las alternativas son múltiples, pero tendrían efectos más significativos si se ejecutan en mercados con problemas de competencia como los de energía y los de logística en diferentes cadenas de suministro. Para ello es necesario retomar instrumentos de colaboración público-privada, de manera que no se cree un escenario en el que un mayor crecimiento implique sacrificar las métricas fiscales. Además, de que ello permita liberar recursos fiscales para rubros de política social que tengan impacto directo sobre el mercado laboral. Tanto en el caso del gobierno federal, como a nivel estatal, mejores mecanismos de rendición de cuentas sobre el gasto, particularmente en el de participaciones, pueden contribuir a una asignación más eficiente de los recursos públicos.