Opinión
La administración federal actual, como responsable de la ejecución de políticas macroeconómicas clave, ha tomado acciones en casi la totalidad de ámbitos críticos. Prácticamente todas estas decisiones han resultado ampliamente aplaudidas y vilipendiadas por diferentes sectores, pero existen aspectos que deben ser evaluados desde diferentes ángulos para tener una visión balanceada. En ese sentido, destaco tres combinaciones de políticas con amplios claroscuros, especialmente por el contraste entre su motivación de corto plazo y las consecuencias que tendrán a mediano plazo: fiscal-energética, laboral-educativa y comercial-seguridad pública.
En primer lugar, enfatizo la conducción de la política fiscal. El aspecto más positivo en este caso se da porque este gobierno ha preservado el discurso de la responsabilidad fiscal como un elemento crítico dl manejo de las finanzas públicas. Al respecto, sobresale el crecimiento moderado de la deuda en puntos del PIB con relación a los gobiernos de la era democrática. No obstante, ese esfuerzo contrasta notablemente con la ejecución de la política energética, que nuevamente ha restringido el potencial de sectores estratégicos para el país a los límites inherentes a las cuentas públicas, promoviendo una relación que hará insostenible que la siguiente administración pueda mantener el nivel de apoyo del que gozan actualmente Pemex y CFE sin comprometer la trayectoria de la propia deuda.
En segundo lugar, también sobresalen los cambios en materia laboral. Ha sido importante el avance de la legislación en diferentes aspectos, especialmente en materia de outsourcing, salario mínimo y beneficios para la población trabajadora. Se ha cuestionado sobre todo si la ejecución ha sido la más oportuna y la magnitud de ciertos cambios dado el entorno de recuperación de la economía después de la pandemia, pero quizás lo más grave en torno a los impactos sobre el mercado laboral a largo plazo son las diferentes políticas que se han promovido en el sector educativo, especialmente las que tienen que ver con los procesos de evaluación educativa y la actualización de los libros de texto gratuitos que comprometerán la productividad de largo plazo de la fuerza laboral del país al deteriorar su proceso de formación de capacidades.
En tercer lugar, resalta la política de apertura comercial en torno al TMEC. Esta administración continuó con el proceso de negociación del antiguo TLCAN y firmó el nuevo tratado, lo que envió una señal muy positiva hacia afuera del país. Sin embargo, también ha insistido en diferentes políticas que han violado su contenido y que tienen al país envuelto en diferentes mecanismos de resolución de controversias. A estos claroscuros hay que añadir la política de seguridad pública que, al ser cedida casi por completo al ejército y la marina en temas de combate al crimen organizado, lejos de reducir los índices de criminalidad, ha incrementado los niveles de violencia en diferentes polos del país, lo que afectará de forma duradera la competitividad del país para atraer más inversiones que le permitan beneficiarse de dicha apertura.